03/06/2010

Esteban Righi señaló que el diputado Enrique Thomas no tenía “legitimación” para pedir la suspensión de la ley y que la Justicia no puede revisar “el proceso de formación y sanción de las leyes”. La Corte avanzaría en el mismo sentido.

“Es inadmisible que un tribunal de Justicia” suspenda “con carácter general la aplicación integral de una ley”, advierte el procurador general de la Nación, Esteban Righi, en el dictamen que –tal como adelantó ayer Página/12– le entregó a la Corte Suprema, donde propone devolver su vigencia a la Ley de Servicios Audiovisuales. Para el jefe de los fiscales, debe ser revocada la medida cautelar de la Cámara Federal de Mendoza que dejó al sistema de medios sin régimen jurídico, entre otras razones porque quien la promovió, el diputado Enrique Thomas (Peronismo Federal), no tenía “legitimación” para hacerlo, y porque la Justicia no puede revisar –como pidió el legislador– “el proceso de formación y sanción de las leyes”. Ahora, el alto tribunal tiene vía libre para fallar. Aunque la opinión de Righi no es vinculante, los borradores que circulan hasta ahora entre los supremos tendrían criterios en la misma línea.